Por Heysel Escamilla Alcántara México DF, 11 agosto 09 (CIMAC)
Con el fin de visibilizar la participación de las personas jóvenes en el desarrollo de la sociedad y realizar actividades de información pública que permita a la juventud acceder a sus derechos humanos, el próximo 12 de agosto se celebrará en todo el mundo el Día Internacional de la Juventud, fecha que fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en 1999.
En México, del total de la población, 107.6 millones en 2009, las y los jóvenes de entre 15 a 29 años representan casi una tercera parte de la población (27.2 por ciento) según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) publicadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) este año.
De este 27.2 por ciento, el INEGI reportó en 2008 que más de la mitad (52.7 por ciento) son mujeres.
Informó además que para ese año más de la mitad de la población total de jóvenes se encontraba en las ciudades, una cuarta parte en localidades rurales y el resto se distribuía en comunidades alejadas de menos de 15 mil habitantes.
Por su parte, la última Encuesta Nacional de Juventud realizada en 2005 reveló que en México sólo el 43.7 por ciento de las y los jóvenes se dedica exclusivamente a estudiar, más de las tres cuartas partes de los hogares mexicanos reciben su aporte económico y el 71 por ciento de quienes trabajan no cuenta con un contrato laboral, lo que implica la ausencia de prestaciones.
Respecto al rubro de salud, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala en su informe “La juventud en Iberoamérica, Tendencias y Urgencias” que la mitad de las y los jóvenes en México no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud y que siete de cada diez jóvenes rurales no cuenta con este derecho.
Cepal también informa que el embarazo en mujeres jóvenes de los 15 a 19 años ha ido en aumento, lo cual se relaciona con el nivel educativo y la deserción escolar, además de que en estas edades se incrementa la muerte materna en las jóvenes debido a que la mayoría de ellas proviene de los sectores más pobres.
Teniendo en cuenta que entre la juventud iberoamericana “se constatan graves carencias y omisiones que afectan su formación integral, al privarlos o limitarles derechos”, como educación, empleo, salud, medio ambiente, participación en la vida social y política y en la adopción de decisiones, en 2008 veintiún países firmaron la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ).
En sus considerandos, la CIDJ reconoce que “debe avanzarse en el reconocimiento explicito de derechos para las y los jóvenes, la promoción de mayores y mejores oportunidades para la juventud y la consecuente obligación de los Estados de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos”.
El antecedente de la Convención es la Carta Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que se presentó a los Estados Iberoamericanos en 1999, sus países miembros son 21, España, Portugal, América Latina, República Dominicana y Cuba, entre otros. Sólo Ecuador, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y España la han ratificado.
México no la ha ratificado, pese a que Priscila Vera Hernández, titular del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), declaró a la prensa que se haría antes de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizó, en octubre de 2008, en El Salvador.
El Gobierno Federal no lo ha hecho, señaló en su momento la funcionaria, es el Artículo 12 de la CIDJ donde se declara la objeción de conciencia para el servicio militar, mientras que, de acuerdo a la Constitución mexicana, es obligatorio que todos los hombres realicen el servicio militar de forma obligatoria.
El 5 de agosto de 2009, las diputadas María Esther Jiménez Ramos y Dolores Parra Jiménez del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron ante el Congreso un exhorto a la Presidencia de la República para que sea el Ejecutivo quien envíe al Senado los documentos necesarios para iniciar el proceso de ratificación.
Para la Plataforma Nacional de la Juventud, con sedes en el Distrito Federal, Chiapas, Guerrero, Coahuila, entre otras entidades federativas, este documento es el primer instrumento de reconocimiento pleno de derechos para las y los jóvenes con valor vinculante en la región, por lo que obliga a los Estados parte que la ratifican a homologar sus legislaciones internas y hacer cumplir dicho instrumento.
Falta la ratificación del Gobierno mexicano y una ley nacional de la juventud que no sólo sea garante de los derechos de las y los jóvenes sino que también los promueva, apunta.
Para la Plataforma, integrada por 20 organizaciones civiles y personas jóvenes, en México no existen suficientes espacios para la juventud en la toma de decisiones y “el Estado no ejecuta la labor que le corresponde como institución encargada de vigilar y hacer realidad los derechos de todas las personas en el país”.
Por ello, y “buscando consolidar un espacio de participación juvenil”, del 28 de septiembre al 2 de octubre realizarán un Encuentro Nacional de Juventud en donde entre los puntos principales estará el cumplimiento de la Convención y su incidencia en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales enfocadas a la juventud en el país.
Las organizaciones y personas que integran la Plataforma son: Asilegal AC, Campamentos Jesuitas, Colectivo Crack, Foro de desarrollo sustentable Chiapas, Jóvenes Yolcán, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Católicas por el Derecho a Decidir, Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, ACJ/YMCA y Barrio Activo.
También la constituyen: Adeco Acciones para el Desarrollo Comunitario, Elige: Red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos, Fuerza Ciudadana AC, Graffitiarte, GYCA, Inicia AC, Red Global de Acción Juvenil, Voluntades por Coahuila (Grafitos), Scouts de México, I Latina, Guillermo Trejo Camacho y Simitrio Guerrero Comonfort.
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