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Esther Chávez Cano. Activista contra el feminicidio

Por: Erika Cervantes *

In Memoriam

A todas las mujeres que la injusticia les ha arrebatado

el derecho de tener la presencia y escuchar la voz de sus hijas e hijos

México DF 29 dic 09 (CIMAC).- Mujeres asesinadas en condiciones similares aparecían en 1993 en el estado de Chihuahua, eran los tiempos de la administración de Carlos Salinas. Las autoridades locales repetían una y otra vez es crimen pasional y cerraban el caso. El horror de la pesadilla que no termina impresionó más cuando las autoridades desde un principio se negaron a vincular los crímenes.

Fue entonces cuando apareció Esther Chávez Cano, una defensora de los derechos humanos, la pionera en ilustrar la historia de feminicidios en Ciudad Juárez en una libretita, un caso que ella documentó y que volvió famoso por el cinismo y la impunidad de las autoridades que lastima a millones de mujeres.

Las víctimas respondían a un patrón similar. Una joven desaparecía y era asesinada. La madre con desesperación buscaba a su hija sin el apoyo de las autoridades, que incluso durante años no han sido capaces de frenar la ola de asesinatos contra mujeres, que según cifras conservadoras suman más de 400.

Por esta razón, Esther ha platicado y hecho compañeras y compañeros de búsqueda a periodistas, investigadoras e investigadores para que se haga efectiva la consigna “Ni una muerta más”, pero a pesar de estos esfuerzos aun no se ha logrado que los cientos de desapariciones y asesinatos de mujeres jóvenes se resuelvan, además de frenar la ola de violencia que sigue dejando muertes y más muertes.

La impunidad y el desdén de las autoridades no han desalentado a Esther en su trabajo por la justicia a las familias de las jóvenes asesinadas, por ello esta activista fundó el Grupo 8 de Marzo, impulsó a la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales en Pro de la Mujer para articular las acciones que buscan resolver el feminicidio en Ciudad Juárez Chihuahua.

Esther es una mujer de 74 años contadora pública por formación, pero activista por vocación, que ha dedicado gran parte de su vida a la lucha contra la impunidad que las mujeres viven, gran parte de su trabajo se ha desarrollado en su natal Ciudad Juárez a la que regresó en la década de los 80 cuando estaba en pleno apogeo el desarrollo de la empresa maquiladora en México, y donde las mujeres representaban gran parte de su fuerza laboral.

Es cuando se percata de que mujeres en las maquilas, en el comercio, las universidades, los hogares, mujeres solas, mujeres a las que las empresas les exigen la prueba de no gravidez y hasta la toalla sanitaria, madres solteras que trabajan en la maquila y no se quieren casar porque las parejas las golpean y les quitan el dinero, en una palabra mujeres desprotegidas, ella inicia su trabajo feminista para dar herramientas a las que viven día a día la injusticia de un sistema que las ignora y hasta las señala como mentirosas.

En su activismo funda el colectivo 8 de marzo en 1992 y en respuesta por una iniciativa de reforma la constitución estatal para penalizar el aborto. Aun cuando no lograron que el Código Penal despenalizara la interrupción legal del embarazo, se logró la no penalización de cuatro causales: violación, imprudencial o culposo, grave daño a la salud e inseminación artificial no consentida.

Es gracias a las activistas de Chihuahua a las que pertenece Esther que las mexicanas contamos con una de las agencias especializadas en delitos sexuales y albergues para dar soporte a las víctimas que han padecido el calvario de la violencia y necesitan un refugio para reponerse, superar y seguir adelante.

* Fotógrafa y feminista mexicana, coordinadora del área de Redes de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).

Aparecido en: http://www.cimacnoticias.com/site/09122908-Esther-Chavez-Cano.40642.0.html

La trata de personas, uno de los tres negocios más rentables en el mundo

CONTEXTO

Por Heysel Escamilla Alcántara

México, DF, 21 sep. 09 (CIMAC).- En agosto pasado, un total de 54 personas fueron detenidas en España y Alemania luego de ser desmantelada una red de falsificación de documentos para inmigración clandestina, sobre todo de mujeres nigerianas --menores de edad la mayoría y sin papeles de identificación-- que eran víctimas de trata para explotación sexual (prostitución) en Alemania, bajo la amenaza de practicarles vudú.

No es la primera vez que se desarticula una red de trata en la que se explota a mujeres nigerianas y subsaharianas, informa la agencia AmecoPress; la última se llevó a cabo en Valencia, el 12 de julio de este año.

La expansión de organizaciones nigerianas que tratan con mujeres es relativamente reciente y es Italia donde más han consolidado su operación desde 1991, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), y en España desde 1995, informa la agencia española.

Ligadas al tráfico de migrantes, la explotación sexual y el trabajo forzoso de mujeres y niñas principalmente son las dos formas más comunes de trata en el mundo, de acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En el documento, basado en un estudio realizado en 155 países y emitido por la ONU el pasado 12 de febrero, la explotación sexual representa poco más del 79 por ciento de los casos en tanto que el trabajo forzoso es superior al 18 por ciento.

Más del 80 por ciento de las víctimas de trata son niñas y mujeres, señala la ONU. El reporte indica que de cada cinco seres humanos víctimas de trata uno es menor de edad y, “lo más preocupante”, es que son las niñas y niños abusados y explotados sexualmente como víctimas de pedofilia o pornográficamente.

Con el propósito de visibilizar en el mundo la magnitud de este fenómeno, la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres en Dhaka (Bangladesh, 1999), estableció el 23 de septiembre como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

Un fenómeno que para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es uno de los tres negocios más rentables –después del tráfico de drogas y de armas-- de la delincuencia organizada, alcanzando un beneficio para los delincuentes de hasta 32 mil millones de dólares al año.

Se considera trata de personas a “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación”.

Así lo define el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocido como “Protocolo de Palermo”, pues se aprobó en el año 2000 en esta ciudad.

LA TRATA EN MÉXICO

En México, un país que por su cercanía con Estados Unidos lo convierte en zona que expulsa, atrae y es paso de migrantes, no hay datos oficiales sobre la dimensión de la trata de personas. No obstante, existen denuncias de organismos internacionales que han dado cuenta de su existencia.

En 2007, el relator especial de Naciones Unidas contra la Venta de Niños, la Explotación Sexual y la Pornografía Infantil, Juan Miguel Petit, señaló que en México cerca de 80 mil niñas y niños son víctimas del abuso con fines de pornografía y prostitución forzosa.

Según reportes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), anualmente 85 mil niñas y niños son utilizados en actos de pornografía en México, mientras que en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.

En tanto que a nivel mundial esta problemática produce ganancias por unos 9 mil 500 millones de dólares y al menos 27 millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de explotación laboral, sexual o comercial en los últimos 25 años, refirió Holly Matus Toledo, diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La legislación que reglamenta las obligaciones de las autoridades para atender este delito es reciente en México y ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil.

El 27 de noviembre de 2007, el Congreso de la Unión aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; nueve meses después de lo establecido por la Ley fue aprobado su Reglamento, que luego de un exhorto –el cuarto-- del Poder Legislativo a Felipe Calderón se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 febrero.

La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas tiene como propósito la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de los victimizados residentes o trasladados al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.

Establece que se comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.

La Ley y el reglamento fueron cuestionados por organizaciones de la sociedad civil, legisladoras y especialistas en el tema. La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC) y la diputada perredista Matus Toledo, al terminar la pasada Legislatura pidieron al Congreso su revisión.

En la reforma turnada a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la Cámara de Diputados, propuesta por la legisladora Matus Toledo se solicita la inclusión --en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas-- de protección a mujeres, niñas, niños y hombres mexicanos que sean víctimas, o posibles víctimas de trata, “toda vez que el ordenamiento sólo prevé la protección para víctimas extranjeras”.

La iniciativa propone crear mecanismos para que el Estado mexicano garantice la integridad de las víctimas nacionales y solicita que la sanción a funcionarios públicos involucrados en este delito tenga carácter de agravada, así como la puesta en marcha de medidas educativas que divulguen las características de la trata y la promoción de los derechos humanos.

Por su parte, tras considerar que el reglamento “se queda corto en comparación con lo previsto en la Ley”, el pasado 20 de mayo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Ejecutivo para que lo revise, a fin de incorporar las disposiciones necesarias que pongan en práctica lo establecido en la legislación aprobada en 2007 y los tratados internacionales en materia de trata de persona.

09/HE/CV/LG

http://www.cimacnoticias.com/site/s09092202-CONTEXTO-La-trata.39413.0.html

Muerte materna - Cifras alarmantes en México

Cada día murieron entre tres y cuatro mujeres durante el embarazo, parto y puerperio

Media nacional de muerte materna: 63.4 por cien mil nacidos vivos

Otros problemas de salud: cáncer cérvico uterino, de mama y VIH

Por Heysel Escamilla Alcántara - (CIMAC)

Alarmante es la mínima reducción que ha tenido en un periodo largo el fallecimiento de mujeres mexicanas durante el embarazo, parto y puerperio, pues en el año 2000 murieron mil 543, mientras que en el 2005 fueron mil 242 las mujeres que perdieron la vida por estas causas, con base en la investigación del Proyecto Mortalidad materna y presupuesto público, coordinado por Daniela Díaz Echeverría, del Centro de Análisis e Investigación Fundar.

Esta investigación muestra que las principales causas de muerte materna en México son: enfermedad hipertensiva del embarazo; hemorragia, parto y puerperio; aborto; sepsis y otras infecciones puerperales. Asimismo, señala que en términos absolutos, en el sexenio 2000-2006, cada día murieron entre tres y cuatro mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, a pesar de que en el sexenio foxista se creó la estrategia Arranque Parejo en la Vida, siendo la primera vez que desde el nivel federal se establecían estrategias concretas para atender la mortalidad materna con metas específicas, las cuales se incumplieron.

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como la “muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”.

El Monitoreo Ciudadano de la Política Pública Federal para Reducir la Morbimortalidad Materna en México indica que la mortalidad materna es la cuarta causa de muerte entre mujeres en edad fértil y es reconocida por el gobierno federal como uno de los indicadores más relevantes de injusticia social e iniquidad de género.

“La muerte materna es el resultado último y más dramático de una serie de eventos que revelan la falta de acciones para atender la situación de atraso, marginación y rezago en la que viven un sector de las mujeres mexicanas por parte de las personas que conviven con ellas, del personal de salud y de autoridades gubernamentales”, de acuerdo con Daniela Díaz Echeverría.

Así, las peores condiciones y servicios de salud se concentran en los estados del sureste mexicano y en las mujeres indígenas, según datos de la Secretaría de Salud. “De las más de 500 mil muertes maternas que ocurren cada año en el mundo –incluidas 68 mil por abortos peligrosos-, sólo 1% ocurren en los países ricos. Los extremos también son claros en el contexto nacional: mientras en Nuevo León y Aguascalientes presentan cifras similares a la de los países más desarrollados –una muerte por 6 mil mujeres embarazadas–, en Chiapas y Guerrero las cifras son cinco veces más altas”.

En resumen, los indicadores de mortalidad materna para el año 2005 nos hablan de una media nacional de 63.4 por cien mil nacidos vivos, en donde Guerrero se colocó entre las entidades que presentan las tasas más altas, superando la media nacional, y ocupó el último lugar nacional en el porcentaje de partos atendidos en unidades médicas (47.16 frente a 71.83 por ciento), según datos oficiales de la investigación Muerte Materna y Presupuesto Público.

Otros problemas de salud

Lo más preocupante es que las mujeres mexicanas no sólo mueren durante el embarazo, parto y puerperio, pues la investigación coordinada por la investigadora Díaz Echeverría de Fundar también señala que el cáncer cérvico uterino es la principal causa de muerte femenina entre los 25 y 60 años, debido a que cada día fallecen por este problema de salud 18 mujeres en nuestro país.

Mientras que el de mama es la segunda causa de muerte y se calcula que una de cada 10 mujeres padece o padecerá este mal que, como los anteriores, es totalmente reversible si se detecta a tiempo.

Otro problema sumamente importante es el VIH, de acuerdo con el director de Censida, el doctor Jorge Saavedra: “desde 1983, año en que comenzó el registro de la epidemia en México, se han detectado 110 mil 600 casos de SIDA, de los cuales 60 por ciento ya falleció, aunado a que 25 por ciento de la cifra se concentra en mujeres”.

Respecto a esto, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), a través de su representante en México Arie Hoekman, recientemente ha llamado la atención en que “en los inicios de la epidemia había una mujer afectada por cada 26 hombres, en tanto que actualmente el comparativo es de una por cada tres hombres seropositivos”.

12 de agosto, Día Internacional de la Juventud - Necesario, que la juventud conozca y acceda a sus DH

Por Heysel Escamilla Alcántara

México DF, 11 agosto 09 (CIMAC)

Con el fin de visibilizar la participación de las personas jóvenes en el desarrollo de la sociedad y realizar actividades de información pública que permita a la juventud acceder a sus derechos humanos, el próximo 12 de agosto se celebrará en todo el mundo el Día Internacional de la Juventud, fecha que fue establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en 1999.

En México, del total de la población, 107.6 millones en 2009, las y los jóvenes de entre 15 a 29 años representan casi una tercera parte de la población (27.2 por ciento) según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) publicadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) este año.

De este 27.2 por ciento, el INEGI reportó en 2008 que más de la mitad (52.7 por ciento) son mujeres.

Informó además que para ese año más de la mitad de la población total de jóvenes se encontraba en las ciudades, una cuarta parte en localidades rurales y el resto se distribuía en comunidades alejadas de menos de 15 mil habitantes.

Por su parte, la última Encuesta Nacional de Juventud realizada en 2005 reveló que en México sólo el 43.7 por ciento de las y los jóvenes se dedica exclusivamente a estudiar, más de las tres cuartas partes de los hogares mexicanos reciben su aporte económico y el 71 por ciento de quienes trabajan no cuenta con un contrato laboral, lo que implica la ausencia de prestaciones.

Respecto al rubro de salud, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala en su informe “La juventud en Iberoamérica, Tendencias y Urgencias” que la mitad de las y los jóvenes en México no tienen acceso a ningún tipo de servicio de salud y que siete de cada diez jóvenes rurales no cuenta con este derecho.

Cepal también informa que el embarazo en mujeres jóvenes de los 15 a 19 años ha ido en aumento, lo cual se relaciona con el nivel educativo y la deserción escolar, además de que en estas edades se incrementa la muerte materna en las jóvenes debido a que la mayoría de ellas proviene de los sectores más pobres.

Teniendo en cuenta que entre la juventud iberoamericana “se constatan graves carencias y omisiones que afectan su formación integral, al privarlos o limitarles derechos”, como educación, empleo, salud, medio ambiente, participación en la vida social y política y en la adopción de decisiones, en 2008 veintiún países firmaron la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ).

En sus considerandos, la CIDJ reconoce que “debe avanzarse en el reconocimiento explicito de derechos para las y los jóvenes, la promoción de mayores y mejores oportunidades para la juventud y la consecuente obligación de los Estados de garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos”.

El antecedente de la Convención es la Carta Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que se presentó a los Estados Iberoamericanos en 1999, sus países miembros son 21, España, Portugal, América Latina, República Dominicana y Cuba, entre otros. Sólo Ecuador, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Bolivia y España la han ratificado.

México no la ha ratificado, pese a que Priscila Vera Hernández, titular del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), declaró a la prensa que se haría antes de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizó, en octubre de 2008, en El Salvador.

El Gobierno Federal no lo ha hecho, señaló en su momento la funcionaria, es el Artículo 12 de la CIDJ donde se declara la objeción de conciencia para el servicio militar, mientras que, de acuerdo a la Constitución mexicana, es obligatorio que todos los hombres realicen el servicio militar de forma obligatoria.

El 5 de agosto de 2009, las diputadas María Esther Jiménez Ramos y Dolores Parra Jiménez del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron ante el Congreso un exhorto a la Presidencia de la República para que sea el Ejecutivo quien envíe al Senado los documentos necesarios para iniciar el proceso de ratificación.

Para la Plataforma Nacional de la Juventud, con sedes en el Distrito Federal, Chiapas, Guerrero, Coahuila, entre otras entidades federativas, este documento es el primer instrumento de reconocimiento pleno de derechos para las y los jóvenes con valor vinculante en la región, por lo que obliga a los Estados parte que la ratifican a homologar sus legislaciones internas y hacer cumplir dicho instrumento.

Falta la ratificación del Gobierno mexicano y una ley nacional de la juventud que no sólo sea garante de los derechos de las y los jóvenes sino que también los promueva, apunta.

Para la Plataforma, integrada por 20 organizaciones civiles y personas jóvenes, en México no existen suficientes espacios para la juventud en la toma de decisiones y “el Estado no ejecuta la labor que le corresponde como institución encargada de vigilar y hacer realidad los derechos de todas las personas en el país”.

Por ello, y “buscando consolidar un espacio de participación juvenil”, del 28 de septiembre al 2 de octubre realizarán un Encuentro Nacional de Juventud en donde entre los puntos principales estará el cumplimiento de la Convención y su incidencia en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales enfocadas a la juventud en el país.

Las organizaciones y personas que integran la Plataforma son: Asilegal AC, Campamentos Jesuitas, Colectivo Crack, Foro de desarrollo sustentable Chiapas, Jóvenes Yolcán, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Católicas por el Derecho a Decidir, Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, ACJ/YMCA y Barrio Activo.

También la constituyen: Adeco Acciones para el Desarrollo Comunitario, Elige: Red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos, Fuerza Ciudadana AC, Graffitiarte, GYCA, Inicia AC, Red Global de Acción Juvenil, Voluntades por Coahuila (Grafitos), Scouts de México, I Latina, Guillermo Trejo Camacho y Simitrio Guerrero Comonfort.

09/HE/CV/GG

Fuero militar libera al Ejército mexicano de castigo: CIDH - Es juez y parte de los delitos

Por Heysel Escamilla Alcántara (CIMAC)

El uso de la jurisdicción militar continúa siendo un obstáculo para la obtención de justicia en casos de violaciones a los derechos humanos de personas civiles, informa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Así lo evidencia la información recibida en la audiencia sobre justicia militar y derechos humanos en México, celebrada el pasado 20 de marzo en Washington, donde la CIDH da cuenta del resultado del 134º período ordinario de sesiones de la Comisión en un comunicado.

Al respecto, la CIDH expresa su preocupación porque en algunos países de la región se continúa empleando la justicia militar para investigar y juzgar delitos comunes perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía.

La CIDH reitera que la jurisdicción militar es excepcional y debe ser utilizada sólo para delitos de función, es decir, conductas de militares en servicio activo que atenten contra bienes jurídicos castrenses.

Los Estados tienen la obligación de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y éstos son, en todos los casos, los recursos penales de la jurisdicción ordinaria, independientemente de si las violaciones a ser juzgadas fueron o no cometidas por militares, puntualiza.

En el 134º período ordinario de sesiones, realizado del 16 al 27 de marzo de 2009, también se eligió a la nueva directiva de la CIDH, la cual que quedó integrada por Luz Patricia Mejía como Presidenta, Víctor Abramovich como Primer Vicepresidente y Felipe González como Segundo Vicepresidente.

La CIDH está integrada además por los Comisionados Paolo Carozza, Clare K. Roberts, Florentín Meléndez y Paulo Sérgio Pinheiro y el Secretario Ejecutivo es Santiago A. Canton.

La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.

En 2009, se cumplen 50 años de la creación de la CIDH por lo que este órgano realizará diversas actividades durante el año para conmemorar su aniversario.

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DDH EN AL

En el 134º período de sesiones se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales que reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región.

Estos informes y peticiones se refieren al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de las personas privadas de libertad, entre otros asuntos.

También en las sesiones se continuó el diálogo acerca de reformas reglamentarias con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y sobre formas de hacer más eficiente y eficaz el sistema interamericano de derechos humanos.

Asimismo, el 20 de marzo tuvo lugar el diálogo de la CIDH y la CoIDH con los Estados miembros de la OEA en donde se compartieron distintas perspectivas sobre funcionamiento y fines del sistema y sobre logros y desafíos que enfrentan tanto los Estados como la Comisión y la Corte en la promoción y protección de los derechos humanos en la región.

09/HE/CV/LAG/GG

Agreden a 3 periodistas por descubrir compra de votos en Q. Roo - Implicada, la funcionaria priista Úrsula Cauich Ramayo

Por Heysel Escamilla Alcántara / corresponsal

México, DF, 8 julio 09 (CIMAC).- La periodista Silvia Reyes Vargas, coordinadora del Diario de Quintana Roo, y Carlos Narváez López, reportero del rotativo El Periódico, fueron agredidos física y verbalmente por tres sujetos que repartían dinero y despensas a cambio del voto durante la jornada electoral del pasado 5 de julio en Playa del Carmen, municipio Solidaridad, Quintana Roo.

Los periodistas agredidos fueron violentamente despojados de equipo fotográfico y amenazados por los delincuentes electorales, entre ellos el esposo de Ursula Cauich Ramayo, directora de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Solidaridad.

A raíz de estos hechos, Cauich renunció ayer a su cargo, "a fin de facilitar a las autoridades correspondientes las investigaciones a que dieran lugar las posibles imputaciones sobre un incidente ocurrido a las puertas de su domicilio", informó un comunicado distribuido por el departamento de Comunicación Social del presidente municipal, Román Quian Alcocer.

Por su parte, la Asociación de Comunicadores de la Riviera Maya reprobó enérgicamente las agresiones a Silvia Reyes y Carlos Narváez, socios fundadores de la agrupación e integrantes de la mesa directiva, e hicieron un llamado a las autoridades locales, estatales y federales para que se castigue a los responsables, sin importar su filiación partidista.

Los hechos

La directora de la Revista Puntual, Silvia Reyes Vargas, fue atacada mientras tomaba fotos de la agresión cometida contra Carlos Narváez por golpeadores que salieron de la casa de la directora de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Solidaridad, reportó la Asociación de Comunicadores de la Riviera Maya.

A su vez, Narváez López fue golpeado y despojado de su cámara fotográfica cuando capturaba imágenes de Juan Carlos Serrano Pinzón, esposo de Cauich Ramayo y otros dos hombres que aparentemente estaban operando el acarreo de votantes a favor del candidato priísta por el Distrito 01, Roberto Borge Ángulo.

Una tercera agresión se desató cuando, desde el interior del domicilio de la hoy ex funcionaria, una persona no identificada arremetió contra el corresponsal del Canal 7 Más, Margarito Ovando Sánchez. Hacia él "iba dirigido un machetazo en
la cara, pero no logró dar con el objetivo y terminó impactándose contra la cámara que en ese momento estaba utilizando para grabar imágenes del incidente", señaló la Asociación.

De acuerdo con el testimonio de Silvia Reyes, los agresores se ocultaron en la casa de la ex funcionaria, ubicada en la calle 3ra Sur, entre 100 y 105 de la colonia Ejidal. Desde su interior, atacaron incluso a las autoridades del ministerio público del fuero común y de la policía judicial, quienes acudieron a constatar los hechos.

El agente Jorge Dávila, de la Procuraduría de Justicia del estado, así como elementos de la policía, iniciaron el levantamiento y dieron fe de que en el interior de la casa se encontraban 50 personas encerradas, entre ellas había líderes de colonias circunvecinas.

La gente atrincherada en casa de Cauich Ramayo se defendió diciendo que "estaban ahí porque fueron invitadas a una fiesta". Sin embargo, vecinos del lugar denunciaron que la reunión se llevaba a cabo desde la noche anterior; "hubieran venido desde anoche; estaban organizando las despensas para todos los que votaran" por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó la periodista Silvia Reyes.

La denuncia quedó asentada en la averiguación previa AP/ZN/PYA/01/1712/7-2009, del ministerio público por los delitos de amenazas, robo, lesiones dolosas y tentativa de homicidio. El caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que consta en el acta Playa/Human/038/2009.

Silvia Reyes y Carlos Narváez temen por sus vidas; los agresores, antes de huir, los amenazaron diciéndoles: "ya sabemos quiénes son y dónde andan".

Imagen: Pensamiento Alternativo

Día Internacional del Trabajo Doméstico - Trabajo doméstico, pendiente en la agenda legislativa mexicana

Por Heysel Escamilla Alcántara (CIMAC)

El trabajo doméstico continúa siendo un pendiente en la agenda legislativa mexicana, a pesar de que es considerado como básico para el desarrollo económico y social de cada país, su valoración económica ha sido una constante demanda de diversos actores sociales, políticos y de la ciudadanía para que se reconozca como una actividad laboral y se legisle su retribución económica.

Así lo señala la Red Nacional de Trabajadoras del Hogar en el marco del Día Internacional del Trabajo Doméstico, a celebrarse este miércoles 22 de julio, tras demandar se erradique la idea de que el trabajo doméstico es una labor única de las mujeres, en la que los varones están exentos de participar.

La Red, integrada por trabajadoras del hogar de seis entidades federativas del país, resalta la importancia del trabajo doméstico en la economía nacional como una actividad con valor y precio, además de la importancia de que la sociedad le dé un justo reconocimiento.

“No reconocerlo así lleva a la resistencia de aceptar que es un trabajo humano y lo realizan personas (en su mayoría mujeres) a cambio de un salario o pago, por lo que debe considerárseles trabajadoras con derechos y obligaciones laborales”, considera en un comunicado.

En México, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor de los servicios domésticos no pagados sería equivalente a 20.5 por ciento del PIB a precios de mercado. La Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (Inegi, 2005), señala que si se pagara el valor del TD equivaldría al 21.6 por ciento del PIB nacional. De éste, las mujeres aportan el 80.2 por ciento y los hombres el 19.2 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación del Inegi del último trimestre del 2006, la población ocupada en el Servicio Doméstico se estimaba en dos millones de trabajadoras.

Población con nivel educativo de primaria o menos del 32 por ciento; 91 por ciento sin acceso a instituciones de salud; con un sueldo promedio de 2 mil 100 pesos mensuales; 79 por ciento sin prestaciones laborales y 23 por ciento consideradas como jefas de familia.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Empleo (junio, 2008) señala que la población ocupada femenina se concentra en los servicios con el 44.6 por ciento, el comercio con el 27 por ciento y la industria con el 17.2 por ciento. Las ocupaciones típicamente femeninas, es decir en donde la presencia de las mujeres es mayor, son: trabajadoras domésticas con el 90.7 por ciento y vendedoras ambulantes con el 63.2 por ciento.

La Red está integrada por el Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica Asalariada (CATDA) de Morelos; Colectivo Atabal con sede en el Distrito Federal; Asociación civil Hogar de la joven Vicenta María con trabajo en el área metropolitana, Jalisco y Monterrey; Red de Mujeres Empleadas del Hogar de Guerrero, y Colectivo de Empleadas Domésticas de Los Altos de Chiapas.

ORÍGENES DE LA CELEBRACIÓN

El 22 de julio, como “Día Internacional del Trabajo Doméstico”, tiene su origen en los resolutivos del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1992, en donde se pidió que sea considerado como un tema prioritario en la agenda legislativa para la elaboración de políticas que disminuyan la carga de trabajo en el hogar que recae en las mujeres.

Durante el Encuentro se reconoció que el trabajo doméstico "es un recurso esencial para el bienestar de las sociedades desarrolladas, como lo es también el trabajo aplicado a la producción para el mercado".

En 1995, en la Conferencia Mundial sobre las Mujeres organizada por las Naciones Unidas de Pekín se propuso la creación de una Cuenta Satélite de Hogares, para añadir a los sistemas convencionales de Contabilidad Nacional, en la cual México firmó su adhesión.

Fue en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en agosto del 2007 en Quito, Ecuador, en donde se priorizó el reconocimiento del trabajo en el hogar y su importante aportación a la economía de cada país y por lo tanto su contribución al Producto Interno Bruto (PIB).

Imagen: www.3.bp.blogspot.com

Cejil solicita a la CIDH retomar caso de tzeltales torturadas - 15 años de injusticia para las hermanas abusadas por soldados

Por Heysel Escamilla Alcántara (CIMAC)

A 15 años de haber sido torturadas y abusadas sexualmente por soldados el Ejército Mexicano en 1994, Chiapas, las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez no se rinden ante la cerrazón de las autoridades mexicanas para reparar el daño que ellas sufrieron y castigar a los militares que cometieron tales delitos.

Ellas fueron detenidas en un retén militar en Santa Rosita Sibaquil, municipio de Altamirano, Chiapas, cuando se disponían a ir a vender sus verduras. Los militares las cuestionaron y las acusaron de ser “zapatistas”, es decir, integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que el primer día de ese año inició una insurrección en la entidad. Ellas lo negaron, pero los soldados las retuvieron, las torturaron y abusaron sexualmente de ellas.

El caso fue denunciado pero no lograron justicia, por lo cual fue presentado por su defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrante del Sistema Interamericano, que emitió recomendaciones al Estado Mexicano.

Frente al incumplimiento gubernamental de las recomendaciones hechas por la CIDH, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha solicitado a la Comisión que nuevamente retome el caso y por segunda ocasión solicite a México el cumplimiento de sus recomendaciones.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada Vanesa Coria, representante para México de Cejil, explicó que la petición a la CIDH radica en la falta de acción de las autoridades competentes, a pesar de que el pasado 23 de junio la misma Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó, mediante un Punto de Acuerdo, al Ejecutivo Federal para realizar las recomendaciones.

El punto aprobado por el Congreso es un acto importante: significa que el poder legislativo --quien autoriza ratificar los tratados internacionales-- exhorta al Ejecutivo a reparar el daño causado a las indígenas chiapanecas por la violación a sus derechos humanos, y realizar una investigación seria, completa y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria, señaló Coria.

El pronunciamiento del Legislativo también pide a la Procuraduría General de la República (PGR) informar por escrito las razones por las cuáles decidió remitir la Averiguación Previa 64/94 a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) “por incompetencia en razón de la materia”.

En la tercera solicitud, se pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que informe por escrito las actividades emprendidas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CIDH.

Como parte de las acciones de presión al Estado mexicano, Coria señaló la respuesta de la sociedad civil a la campaña convocada para enviar cartas dirigidas a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y a la PGJM.

Hasta la fecha, más de 500 personas y organizaciones de diversos países que se han unido en la exigencia de justicia para las indígenas tzeltales .

La campaña es convocada por el Comité pro-Reparaciones para las Hermanas González de Chiapas, junto con el Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Cejil.

Imagen: www.expresochiapas.com

Medios de comunicación, cómplices de la trata de personas

Por Heysel Escamilla Alcántara (CIMAC)

Los medios de comunicación son cómplices del delito de trata de personas porque lo promueven a través de la difusión de notas informativas “amarillistas” y de la publicación de anuncios clasificados en donde se ofrecen diversos servicios sexuales.

Así lo denuncia en una entrevista exclusiva la directora Regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurriz.

Ella explica que, de acuerdo con el Artículo 206 del Código Penal Federal, “son cómplices quienes pudiendo hacerlo no lo impiden o teniendo conocimiento del hecho no hacen algo para que intervengan las autoridades”, señala la directora de CATWLAC, organización reconocida como instancia consultiva, con categoría II, en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Ulloa Ziáurriz reitera que “la persona que promueve también es co-responsable del delito”, como lo establece el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo) que complementa lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, dice.

“Si no hacen algo, se incluyen en la cadena de trata de personas, no nada más es responsable el que recluta, transporta o recibe, también es responsable quien promueve y ellos (los medios de comunicación) al mostrar la información de manera sensacionalista se pueden volver promotores. A quien les llega más recursos económicos es a los tratantes, a los explotadores”.

Deben respetar identidad de las víctimas

De acuerdo con Ulloa Ziáurriz, los medios de comunicación pueden evitar difundir información “amarillista” si respetan la identidad de las víctimas, “cuando abordan el tema de trata de personas lo que les interesa presentar son los nombres y la entrevista, generalmente te dicen: si no me pones frente a la víctima no hay nota”, señala.

En relación con los anuncios clasificados, la abogada y feminista mexicana considera que no debe haberlos porque promueven la trata de personas, “se anuncian incluso niñas y con esto los medios de comunicación se están haciendo, como lo marca el Artículo 206 del Código Penal Federal, cómplices del delito por estar promoviéndolo”.

La abogada y feminista mexicana considera que no debe haber anuncios clasificados porque promueven la trata, “se anuncian incluso niñas y con esto los medios de comunicación se están haciendo, como lo marca el Artículo 206 del Código Penal Federal, cómplices del delito”.

Acerca de los anuncios clasificados en los que se anuncia una mujer de manera individual, con sólo algunos datos personales, la feminista mexicana Teresa Ulloa explica que esta es una forma encubierta de realizar la trata de personas.

“No son ellas, incluso hay anuncios que dicen: ‘Aquí tenemos las mejores chiquitas, bonitas, vamos a donde tú quieras’, pero ellas siempre van cuidadas, acompañadas, no van solas, por eso es una forma de encubrir la trata y de promoverla”, señaló.

Por último, la directora Regional de la CATWLAC, organización que tiene como objetivo trabajar para promover el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia y explotación sexual, afirma que si las autoridades tomarán las medidas consecuentes (según el Artículo 206 del Código Penal Federal) los periódicos estarían en riesgo de que se les clausurara y confiscara por promover el delito de trata de personas.

Imagen: Encuentro Ciudadano

MÉXICO - Clientes mayores prostituyentes en explotación sexual de mujeres e infancia

Por Heysel Escamilla Alcántara

Aparecido el 13 de marzo de 2009 en Cimacnoticias

Para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas debe considerarse el papel de quienes hacen uso de los servicios sexuales y de quienes consumen los productos derivados de este delito, como la pornografía, pues con ello fortalecen estas actividades.

Esta es la posición de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), instancia que ha denunciado cómo “la explotación de mujeres, de niñas y niños se hace posible sólo gracias al cliente, aunque su participación en este asunto aparezca como secundaria, como secuela de un flagelo o como subproducto de una oferta”.

La Coalición, cuya directora regional es la mexicana Teresa Ulloa Ziáurriz, retoma la posición expuesta en el artículo “Hombre que va de putas”, del psicoanalista Juan Carlos Volnovich, quien aborda el tema de trata de personas desde el punto de vista del “cliente”.

Volnovich señala que el papel de cliente se ha invisibilizado en la legislación contra la trata de personas, a pesar de que “es el protagonista principal y el mayor prostituyente”.

Respecto al perfil de los clientes o consumidores, el psicoanalista señala que son tipos como cualquier otro: abogados, arquitectos, políticos, desocupados. Pueden estar casados o solteros. Y las edades van desde adolescentes hasta adultos mayores.

“En definitiva, todo varón homo o heterosexual, en cuanto ha dejado de ser niño, es un potencial cliente. Así no sería exagerado afirmar que la sola condición de varón ya lo instala en una población en la que hay grandes posibilidades de convertirse en consumidor”, explica.

Amor y odio incitan a la prostitución

En “Hombre que va de putas”, el psiconalista expone una serie de argumentos, clasificados en cinco grupos, extraídos de una encuesta para fundamentar la afición a la prostitución de los entrevistados.

El primer grupo es la abstinencia sexual y la soledad afectiva en la cual, como víctimas de sus propias carencias, aspiran a la comprensión y pretenden otorgarle un sentido aceptable al consumo sexual.

En el segundo es la desconfianza, el temor y el odio que les inspiran las mujeres. En este grupo se encuentran los varones que fundan su misoginia en experiencias conyugales desastrosas.

En el tercero se agrupa a los consumidores de mercancías. Son varones que se dicen empujados a la prostitución porque afirman que sus parejas los someten a una vida sexual insatisfactoria: “Este grupo de hombres están convencidos de que las urgencias del deseo, que los llevan a tratarlas como objetos descartables, están dictadas por su naturaleza masculina”.

El cuarto grupo “incluye a los que explican el consumo de prostitución por cumplir el imperativo de una sexualidad que eluda cualquier tipo de responsabilidad que pueda devenir de una relación estable con el ‘sexo opuesto’. Pagan para ahorrarse los vínculos que toda relación afectiva supone y pagan para confirmar que sus partenaires no desean otra cosa más que su dinero”.

La última categoría es la que incluye a los adictos al sexo, “esos varones impulsivos y compulsivos que no pueden renunciar a este tipo de encuentros fáciles e inmediatos; relaciones que no reclaman el pasaje por rituales de seducción y conquista y para quienes el sexo está ubicado en el lugar que la droga tiene para los toxicómanos”.

De acuerdo con Juan Carlos Volnovich, la demanda de prostitución se propaga porque “todo está puesto al servicio de la dominación, la denigración femenina y, dicho sea de paso, de la humillación masculina en aras del refuerzo de la virilidad convencional”.

La importancia de estudiar el papel que tienen los clientes en la trata de personas, de acuerdo con el psicoanalista, es que son ellos “los que deciden la incorporación creciente de productos exóticos y de la cada vez más reducida edad de la ‘mercadería’ que consumen”.

De ahí, concluye, que al poner el foco en las mafias, al penalizar a los proxenetas y a las mujeres que ejercen la prostitución, se elude a los clientes y, de esta manera, “la sociedad en su conjunto se encarga de aliviar la responsabilidad que cae sobre aquellos que inician, sostienen y refuerzan esta práctica”.

Imagen: smsevilla.wordpress.com

Premios Nobel y destacadas activistas se reúnen en Guatemala - En la Conferencia “Mujeres Redefiniendo la Democracia”

Por Heysel Escamilla Alcántara

(AmecoPress/CIMAC).

Mujeres laureadas con el Premio Nobel y otras 80 más, activistas e investigadoras de distintas nacionalidades que han sido clave en el impulso de políticas nacionales e internacionales, se reunirán en la ciudad de Antigua, Guatemala, del 10 al 12 de mayo en la Segunda Conferencia Internacional “Mujeres Redefiniendo la Democracia para la Paz, la Justicia y la Equidad”.

Mairead Maguire, Shirin Ebadi, Jody Williams y Rigoberta Menchú Tum, laureadas con el Premio Nobel de la Paz entre 1976 y 2003, identificarán soluciones y modelos alternativos que lleven a un verdadero cambio democrático, incorporando las experiencias de mujeres que han sido decisivas en procesos democráticos y actoras en procesos de paz en zonas de conflicto o altamente militarizadas.

Los temas de discusión en la Conferencia incluyen: el conflicto, los escenarios de pos-conflicto y militarización, la violencia contra la mujer (desde la represión estatal hasta la violencia doméstica) y la participación y representación política de la mujer, siendo anfitriona de la misma la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT).

12 mujeres han recibido el Novel de la Paz, en 100 años de historia

La iniciativa de las Mujeres Premio Nóbel (NWI’s por sus siglas en inglés) fue establecida en el 2006 por las laureadas del Premio Nóbel de la Paz: Jody Williams, Estados Unidos, 1997; Rigoberta Menchú Tum, Guatemala, 1992; Betty Williams y Mairead Maguire, Irlanda, 1976; Shirin Ebadi, Irán, 2003; y Wangari Maathai, Kenia, 2004, – representando Norte y Sur América, Europa, el Medio Oriente y África, respectivamente.

La misión de la NWI’s es “colaborar en nuestra capacidad de laureadas y usar la visibilidad y prestigio que nos otorga este premio para promover, resaltar y amplificar la labor tanto de las activistas y las investigadoras que trabajan por los derechos de la mujer como de las organizaciones que alrededor del mundo combaten las causas fundamentales de la violencia”.

De esta manera, afirma la NWI’s, “se fortalece y expande el movimiento global que promueve la no-violencia, la paz, la justicia y la igualdad”.

Para llevar a cabo su misión la NWI’s utiliza tres estrategias: convocar, definir el diálogo y dar visibilidad.

De acuerdo con la NWI’s “la paz es mucho más que la ausencia de un conflicto armado. La paz es un compromiso con la igualdad y la justicia. La paz es un mundo democrático libre de las múltiples formas de violencia —física, económica, política, cultural, religiosa, sexual y medioambiental— y de la amenaza constante de estas formas de violencia no sólo contra la mujer, sino contra toda la humanidad”.

Sólo 12 mujeres en sus más de 100 años de historia del Premio Nóbel de la Paz han sido laureadas con este reconocimiento.

Al respecto la NWI’s explica en su página de web “Este Premio es un gran honor, pero también una gran responsabilidad. Este sentimiento de responsabilidad nos impulsó a crear la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel para así ayudar a fortalecer el trabajo realizado en defensa de los derechos de la mujer alrededor del mundo”.

“Mujeres Redefiniendo la Democracia…” es la segunda conferencia internacional organizada por la NWI’s y la organización Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés).

La primera conferencia tuvo por título “Mujeres redefiniendo la paz en Medio Oriente y más allá” y se llevó a cabo en el 2007 en Galway, Irlanda.

A través de un diálogo estratégico, la primera conferencia tuvo el objetivo de exponer la violencia que padecen las mujeres en el Medio Oriente, además de examinar enfoques creativos de la mujer en esa región y en otras partes del mundo para impugnar la violencia contra la mujer.

Fotos de archivo: Rigoberta Menchu y Jody Williams